Recomendaciones Legales

En innumerables ocasiones, todo ciudadano toma parte en relaciones jurídicas que le brindan todo género de posibilidades, y antes de actuar precipitadamente, debemos estar bien asesorados para sacar el máximo provecho.

La protección de la vivienda familiar como bien familiar en casos de divorcio con hijos menores .

La utilidad económica de la vivienda familiar está sujeta a las necesidades de la familia. Por tanto, centrando la cuestión, en los  casos de ruptura matrimonial, nuestro ordenamiento jurídico supedita el valor económico de la vivienda familiar a las necesidades de los hijos menores que en ella habitan como grupo especialmente desprotegido y perjudicado ante una ruptura.

En numerosas ocasiones esta cuestión de la vivienda familiar se enfoca por los cónyuges como un problema estrictamente económico y de propiedad privada, por lo que no es raro escuchar reflexiones como: lo mejor es venderla y cada uno que se busque la vida. En ocasiones, llevar a cabo esta opción es factible, pero:

¿Qué ocurre cuando se toma esta decisión con criterios puramente económicos sin velar por el bienestar de los hijos menores?.

Pues que en más ocasiones de las deseadas, se les aboca de una manera ciega y egoísta a la pérdida del entorno social y escolar al que venían acostumbrados. La respuesta es clara, hipotecamos su normal desarrollo por nuestra libertad personal de una manera totalmente irresponsable.

Si tiene alguna duda en cuestiones de familia, llame a nuestro teléfono de consultas jurídicas 807 464 850

Son muchas los clientes que nos preguntan por el precio de la consulta una vez que nos han llamado porque no se han enterado bien en la locución de entrada. Para todos aquellos clientes y personas interesadas en este servicio jurídico, indicarles que el precio por minuto máximo de la llamada, impuestos incluidos, es de 1,21 € desde red fija y 1,57 € desde red móvil.

Para aproximar el posible coste de la llamada, debemos decir que la duración media de la llamada está entre 8-10 minutos, por lo que el precio medio final rondaría los 10 y los 15 €. Si bien es una estimación media, no deja de ser un dinero bien invertido si se trata de resolver las dudas jurídicas que nos asaltan cuando nos enfrenamos a problemas legales.

Letrados en la Red, apostó por especializarse en prestar este tipo de servicio y el cliente final está muy satisfecho, debido a la inmediatez del servicio, aunque también es cierto que todavía no está muy extendido su uso ni su conocimiento, por lo que animamos a todos los usuarios que nos han manifestado su gratitud, su sorpresa por la utilidad del servicio y nos llevan en su agenda, que transmitan esa experiencia a sus conocidos y allegados.

Nuestro teléfono de consultas jurídicas es el 807 464 850 y es un servicio diferente y compatible con el prestado en foros gratuitos, en despacho, en consulta por correo, etc.

Además, nos diferenciamos de los nuevos portales, en que tenemos un equipo especializado en resolver este tipo de dudas telefónicas, por lo que en la mayoría de las ocasiones, podrá preguntar por el abogado que le atendió, para que sea siempre el mismo y así crear un vínculo de conocimiento mutuo, confianza, sinergias positivas que es producen en determinados casos, etc.

Para terminar, indicaros que creemos en lo que hacemos y que estaremos presentes en el complejo mercado jurídico existente, si el cliente sigue  valorando nuestro servicio y confiando en nosotros como lo ha venido haciendo todo este tiempo.

Cuando una persona es detenida por las autoridades gubernativas, los agentes tienen un plazo máximo de 72 horas para poner al detenido a disposición del juez tras haber practicado las correspondientes diligencias policiales. Ahora bien, estas 72 horas son un plazo máximo, por tanto, si la detención se prolonga más tiempo que el estrictamente necesario para esclarecer el hecho delictivo que se le imputa al detenido, se estará vulnerando, igualmente, el derecho fundamental a la libertad personal recogido en nuestra Constitución.

Son situaciones que la norma constitucional no consiente, y que el Código Penal castiga con la pena de inhabilitación especial para cargo público a la autoridad que viole estas garantías constitucionales. Recordamos que el artículo 17.4 de la Constitución recoge el procedimiento del habeas corpus para las personas detenidas ilegalmente.

Por último, reseñar la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda), 95/2012, de 7 de Mayo, muy interesante y relativa a los arrestos en fin de semana por delitos menores: el papel de los abogados, agentes y jueces ante estas detenciones.

Para cualquier aclaración puede llamar a nuestro teléfono de consultas jurídicas 807 464 850

 

El carácter vinculante del programa oferta de vacaciones, circuitos y viajes combinados.

Ante posibles problemas en la contratación de nuestras vacaciones con una agencia de viajes, tal y como recoge la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Ley de protección al consumidor); la información que contiene el programa-oferta será vinculante para el organizador y detallista salvo que los cambios se comuniquen al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato, y tal posibilidad se haya mencionado expresamente en el programa-oferta. Y también cuando, posteriormente y de común acuerdo, se contraten modificaciones.

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Hemos recibido muchas consultas matrimoniales y en muchas nos planteaban las dudas que les surgen a la hora de iniciar el expediente matrimonial, por lo que vamos a exponer de manera resumida como se inicia y finaliza el mismo.

El expediente se inicia con la presentación de un escrito que debe contener:

  1. Las menciones de identidad y profesión de los contrayentes.
  2. Si han existido matrimonios anteriores, nombre y apellidos de los cónyuges anteriores y fecha de disolución del matrimonio.
  3. La declaración de que no existe impedimento para el matrimonio.
  4. El juez o funcionario elegido para la celebración.
  5. La localidad o localidades en que hubiesen residido o estado domiciliados los solicitantes en los dos últimos años.

Se exige también prueba del nacimiento, y en su caso, de la disolución de los matrimonios anteriores, la emancipación o dispensa.

El escrito debe ser ratificado por los cónyuges y tras la ratifación, se publican edictos o proclamas durante 15 días en las poblaciones en  que hayan residido los dos contrayentes en los dos últimos años, cuando estas tengan menos de 25.000 habitantes. Si tienen más, los edictos se sustituyen por la audiencia de un pariente, amigo o allegado de los contrayentes elegido por el instructor, que debe manifestar su convencimiento de que no existe prohibición legal alguna para contraer matrimonio.

A su vez, se practican las pruebas propuestas por el instructor, que acrediten el estado, capacidad, domicilios y cualesquiera otras circunstancias de los contrayentes. También oirá a los contrayentes por separado de forma reservada. En caso de que uno de los contrayentes no esté domiciliado en el lugar de instrucción, la audiencia puede hacerse ante el registro civil de su domicilio.

El expediente matrimonial finaliza con un auto dictado por el instructor autorizando o denegando la celebración del matrimonio, contra el que puede interponerse recurso por vía gubernativa que tiene que resolver la Dirección General de Registros y Notariado.

Para cualquier aclaración puede llamar a nuestro teléfono de consultas jurídicas 807 464 850

Después de 4 años prestando un servicio jurídico telefónico, somos conscientes que estamos muy lejos de llegar a nuestro objetivo inicial, que era el de inculcar en el ciudadano los beneficios de la abogacía preventiva a un coste asumible. Creemos firmemente en este servicio y en sus beneficios a medio y largo plazo y así nos lo hacen ver los clientes que hemos ido fidelizando y que inconscientemente van adquiriendo una base jurídica y una prudencia en sus toma de decisiones dignas de alabar.

Iremos incluyendo en el blog, experiencias de clientes precavidos, para concienciar y dar a conocer los beneficios de nuestro servicio jurídico inmediato.

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Muchas personas desconocen que en el régimen de separación de bienes el trabajo doméstico está regulado en el último inciso del artículo 1438 del Código Civil:

Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.

Esto se hace para corregir los desequilibrios que puede determinar este régimen, para el cónyuge carente de actividad laboral que centra su actividad diaria en el cuidado del hogar familiar y en su caso, de los hijos, porque si ninguno de los cónyuges realizara el trabajo en casa, sería necesario contratar a una o varias personas para que desempeñaran el mismo.

El legislador quiso computar el trabajo para la casa como una forma de contribución a las cargas familiares y además estableció una compensación que señalará el juez, a falta de acuerdo, en caso de extinción del régimen de separación de bienes y si este se produce como consecuencia de un divorcio o una separación, dicha compensación podría ser compatible con una hipotética pensión compensatoria.

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A la hora de establecer la cuantía de la pensión de alimentos, en defecto de acuerdo, habrá que acreditar la capacidad económica de los progenitores y las necesidades de los hijos, y para ello, suelen esgrimirse todo tipo de pruebas, por lo que a continuación vamos a enumerar un buen número de ellas:

  1. Pruebas documentales públicas.- Certificaciones registrales, certificaciones de Hacienda, escrituras públicas, etc.
  2. Pruebas documentales privadas.- Nóminas, facturas, recibos de actividades escolares y extraescolares, documentos bancarios, contables, extractos bancarios, agendas, tickest de compra, e-mails, transcripciones de conversaciones telefónicas, etc.
  3. Interrogatorio de las partes.-
  4. Interrogatorio de testigos.-
  5. Dictámenes periciales.- Este tipo de dictámenes son muy valiosos si se dirigen a valorar la real situación de una empresa o actividad económica o a interpretar la oscura documentación bancaria.
  6. Reconocimiento judicial.- Se dá con poca frecuencia.
  7. Reproducción de palabras, imágenes y sonidos.-
  8. Presunciones.- Las presunciones constituyen juicios de probabilidad que realiza el juez a partir de la demostración de un hecho.

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En los supuestos de crisis matrimoniales uno de los grandes problemas que se plantea es determinar cuál de los cónyuges permanecerá en el uso del domicilio familiar cuando no han llegado a un acuerdo al respecto; la autoridad judicial es la que debe resolver el problema atendiendo a los criterios que establece el CC, que dispone que en los casos de separación o divorcio y en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado judicialmente, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella, corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden (artículo 96 del CC).

Cuando alguno de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el juez resolverá lo procedente.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

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En los procedimientos de ruptura de pareja, separación o divorcio, la mediación es muy recomendable cuando los conflictos que se presentan tienen una especial complejidad o en los que el componente legal queda en un segundo término y priman otros factores de mayor incidencia en el origen o desarrollo de la disputa.; los casos en los que se sabe de antemano que una sentencia judicial no solucionará el problema son los más apropiados y los más susceptibles de ser mediados.

A título de ejemplo podemos pensar en la siguientes situaciones:

- Rupturas en las que se plantea la necesidad de mantener un negocio familiar en condiciones de rentabilidad; procesos matrimoniales en los que hay que adoptar una decisión urgente en relación con los hijos comuntes, etc.

El método es la combinación de dos condiciones que las partes han de aceptar desde el principio, como son la confidencialidad y la voluntariedad; su utilidad es indudable para determinados conflictos  y el coste económico suele ser muy inferior al de un procedimento judicial contencioso.

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