Archivo de julio, 2013


Cuando una persona es detenida por las autoridades gubernativas, los agentes tienen un plazo máximo de 72 horas para poner al detenido a disposición del juez tras haber practicado las correspondientes diligencias policiales. Ahora bien, estas 72 horas son un plazo máximo, por tanto, si la detención se prolonga más tiempo que el estrictamente necesario para esclarecer el hecho delictivo que se le imputa al detenido, se estará vulnerando, igualmente, el derecho fundamental a la libertad personal recogido en nuestra Constitución.

Son situaciones que la norma constitucional no consiente, y que el Código Penal castiga con la pena de inhabilitación especial para cargo público a la autoridad que viole estas garantías constitucionales. Recordamos que el artículo 17.4 de la Constitución recoge el procedimiento del habeas corpus para las personas detenidas ilegalmente.

Por último, reseñar la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda), 95/2012, de 7 de Mayo, muy interesante y relativa a los arrestos en fin de semana por delitos menores: el papel de los abogados, agentes y jueces ante estas detenciones.

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