Archivo de junio, 2012


La solicitud, en modelo oficial, de aplazamiento debe contener los siguiente datos: identificación del deudor y de la deuda; los motivos que lo originan; el plazo y vencimientos que se solicitan; lugar a efectos de notificaciones; y el ofrecimiento de garantías. La mera solicitud de aplazamiento no suspende el procedimiento y si fuese denegada la solicitud, se aplicaría a la deuda objeto el recargo que proceda.

La resolución por la que se resuelva la solicitud de aplazamiento debe ser dictada en el plazo máximo de 3 meses y si transcurre dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, puede entenderse desestimada la solicitud.

Es importante señalar que da lugar a la denegación de la solicitud de aplazamiento de deuda la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

- que, al momento de la solicitud, hubiera sido ya autorizada la enajenación de bienes embargados.

- que el solicitante haya incurrido en reiterados incumplimientos de aplazamientos anteriormente concedidos.

- que el importe de la deuda aplazable no supere el doble del salario mínino interprofesional mensual vigente al momento de la solicitud.

 

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El Código Civil no contiene ninguna norma sobre cuál ha de ser el contenido concreto del régimen de visitas, limitándose simplemente a establecer la obligación de fijarlo, quedando al arbitrio de las partes o del Juez la delimitación de los períodos de visita, debiendo siempre tenerse en cuenta el beneficio del menor.

A la hora de determinar el régimen de visitas es imprescindible tener en cuenta las circunstancias específicas de la familia: edades, horario escolar, trabajo de los progenitores, lugares de residencia, si ha habido o no relaciones frecuentes con anterioridad entre visitante y visitado, etc., para así poder dar al caso concreto una solución lo más ajustada a esa situación familiar y asi evitar que devenga inmediatamente inviable o de imposible cumplimiento. También hay que tener en cuenta  la voluntad de los hijos en determinadas situaciones para determinar el régimen de visitas.

Sin perjuicio de que exista total libertad en cuanto a la fijación del régimen de visitas, la práctica demuestra que hay un modelo de régimen de visitas que es el más frecuentemente utilizado, tanto en las resoluciones judiciales como en los convenios, y del que, normalmente se parte para ampliarlo o reducirlo en función de las circunstancias del caso concreto. Este régimen ordinario consiste en que el progenitor no custodio tenga consigo a sus hijos en fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones de Navidada, Semana Santa y verano. Sin embargo, ello no quiere decir que no pueda proponerse o acordarse uno diferente, más adecuado a la realidad familiar o a los deseos de las partes.

Una de las cuestiones que, en muchas ocasiones, afecta a la ampliación o reducción del régimen ordinario es la edad de los hijos. Cuando los hijos son muy pequeños hay una tendencia muy generalizada a fijar un régimen de visitas más restringido que el ordinario y a medida que los hijos van creciendo y entran en la adolescencia, el régimen de visitas puede hacerse menos rígido en función de los deseos de los hijos.

Otro de los factores importantes con relación a la adaptabilidad que requiere el régimen de visitas es la evolución de la relaciones afectivas entre el progenitor visitante y sus hijos. En determinadas resoluciones judiciales se fija un régimen de visitas y, a su vez, exigen que esas visitas sean seguidas de cerca por los expertos (psicólogos, trabajadore sociales) que prestan sus servicios como apoyo al Juzgado, de forma que el Juez pueda en un momento dado, valorar la necesidad de modificar el régimen establecido. En otros casos, se requiere que las visitas tengan lugar en presencia de una tercera persona (puntos de encuentro) que supervise su desarrollo.

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El uso y disfrute de la vivienda comunitaria genera múltiples conflictos de difícil solución, por lo que vamos a explicar cómo regula la ley dichas situaciones.

El artículo 394 del Código Civil, establece que cada partícipe puede servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. Hay, pues, una facultad de uso que presenta tres límites fundamentales: su destino, el interés de la comunidad y el derecho de los comuneros.

Cuando se generan roces e incompatibilidades entre los comuneros entonaces ha de estarse a lo acordado sobre la materia por los propios comuneros, y, en su defecto, cabrá la aplicación del artículo 398 del Código Civil, que da preponderancia al acuerdo de la mayoría acerca de al administración y mejor disfrute de la cosa común, porque no hay que olvidarse que le interés de la comunidad priva sobre el particular del comunero usuario.

Como ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior, puede perfectamente la comunidad, tomar el acuerdo de arrendar por entero la cosa común que aquél usa, debiendo cesar entonces en su situación.

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A la hora de solicitar la pensión de jubilación contributiva hay que resaltar que puede instarse en todo momento, al ser esta imprescriptible. Debe solicitarse por escrito en el impreso oficial ante los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social del INSS, aportando para ello la siguiente documentaición:

  • Libro de Familia
  • Documentación de afiliación a la Seguridad Social
  • Certificado de cotizaciones expedido por la empresa o empresa; en el caso de solicitarse en situaciones de desempleo, el certificado de cotizaciones ha de ser expedido por el SEPE.

La presentación de la solicitud puede realizarse en el plazo de los 3 meses anteriores a la fecha prevista de cese en el trabajo. El reconocimiento de la prestación de jubilación ha de resolverse y notificarse en un plazo máximo de 90 días.

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