Archivo de mayo, 2012


En el momento de una ruptura se debe comunicar fehacientemente la fecha de la ruptura entre los miembros de la pareja de hecho y si estuvieran inscritos la cancelación en dicho Registro. El no estar inscritos no impedirá, y menos con un hijo en común, tratar dicha unión como una pareja de hecho o relación análoga a la matrimonial. Llegado el momento de la ruptura tendrán que afrontar similares problemas que los derivados al romperse un matrimonio: entre los miembros de la pareja y respecto a los hijos comunes. Así, deberán solucionar cuestiones como la liquidación del patrimonio común, pensiones al conviviente perjudicado, uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, visitas o alimentos.

En los aspectos procesales hay que tener en cuenta la diferencia entre el mutuo acuerdo y las cuestiones que generen controversia entre los convivientes. En el mutuo acuerdo cabe la mera conciliación, sin necesidad de acudir a los juzgados, pero este “privilegio” provoca, en los casos contenciosos, numerosas complicaciones a la hora de acudir a los juzgados dada la falta de regulación específica en la LEC.

Así, debemos diferenciar entre cuestiones patrimoniales entre convivientes y cuestiones sobre los hijos menores, cada una por separado y con su procedimiento específico: juicio ordinario o verbal dependiendo de la cuantía para la primera, y jurisdicción voluntaria para la segunda. Cada caso procesal de ruptura habrá que tratarlo por separado dado la falta de un procedimiento concreto donde se diluciden todas las diferencias de la pareja, tal y como se establece en la LEC para los divorcios o separaciones y dependiendo de la solicitud concreta de la pareja caben diferentes planteamientos procesales.

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Los familiares a cargo de los beneficarios por derecho propio tienen derecho a la asistencia sanitaria. Se consideran familiares a cargo:

  • El cónyuge o persona que conviva maritalmente con el titular del derecho durante un año como mínimo de convivencia ininterumpida.
  • Los descendientes por naturaleza o adopción. Los descescendientes pueden serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos. Se incluyen también a los menores en régimen de acogimiento familiar. Recalcar además que en actualmente no existe límite de edad en la prestación sanitaria a los descendientes, pero no se considera beneficario al hijo que contrae matrimonio, aunque permanezca en el domicilio del beneficario por derecho propio.
  • Los ascendientes, tanto del titular del derecho como de su cónyuge.
  • Los hermanos del titular o del cónyuge del titular, pero en estas situaciones se tienen que cumplir una serie de requisitos:

-  vivir con el titular del derecho, salvo separados y divorciados, y a su cargo.

-  no realizar trabajo remunerado alguno ni percibir renta patrimonial ni pensión alguna superior al doble del IPREM

-  no ser sujeto, por título propio, del derecho a la asistencia sanitaria.

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