Archivo de mayo, 2011


Es indiscutible que cualquier comunero (el miembro de una comunidad de bienes, de herederos, de vecinos, etc.) puede individualmente realizar, con repercusión para el conjunto, todo aquello que redunde en beneficio de la comunidad y no se muestre como una acción en provecho propio. Así, un comunero, sin necesidad de mayor formalismo, podrá presentar demandas ante los tribunales en provecho común o realizar actos de administración que beneficien al conjunto. Pero en determinados supuestos contemplados en la Ley, la comunidad necesita un representante debidamente acreditado que defienda los intereses de la comunidad y dote de claridad y sencillez el ejercicio de sus derechos y las relaciones con terceros.

Comentaremos un caso a modo de ejemplo el de una comunidad que tiene en común unas participaciones o acciones en una sociedad mercantil. En estos casos, relativamente frecuentes en caso de fallecimiento de un socio, la comunidad hereditaria necesita un representante, nombrado por los herederos, que acuda a las Juntas y pueda ejercer todos los derechos propios de los socios, como el derecho de voto o de información. De este modo, se trata de facilitar el funcionamiento de la sociedad durante la transitoria situación de comunidad hereditaria antes de la partición.

Otro ejemplo sería el de las comunidades de vecinos y la reclamación de cantidades a través del juicio monitorio, que por la naturaleza del procedimiento y su formalismo se hace indispensable el acuerdo de todos los vecinos o comuneros y la representación del Presidente.

ARTÍCULOS 66 LSA – 35 LSRL – 188 RRM – RD 171/2007

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Es un procedimiento rápido y sencillo, regulado por la Ley Orgánica 6/1984, por el que se garantiza que las detenciones ilegales o mantenidas en condiciones ilegales finalicen a la mayor brevedad posible (en 24 horas). El propio detenido, su pareja o cónyuge, hermanos, ascendientes, descendientes, representantes legales de menores o incapaces, el Ministerio Fiscal, el defensor del Pueblo o el propio juez de oficio podrán iniciar este procedimiento y garantizar la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención.

La Constitución instituye la libertad personal (artículo 17) como un valor superior de las personas protegido frente a otros particulares y, muy especialmente, contra los poderes públicos. El artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica contienes los supuestos en los que una detención es ilegal o pude atentar contra la liberad personal del detenido.

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¿Puede demandar la comunidad hereditaria a uno de los herederos para que le desahucien por poseer en precario un bien inmueble que forma parte de la herencia?

Todo dependerá de la amplitud que quiera otorgarse al precario, que es la posesión sin ningún título jurídico (compraventa, alquiler, donación, etc.) que justifique dicha posesión. Sobre esto la doctrina jurisprudencial ha optado por un concepto amplio del precario que comprende no sólo los supuestos en los que se posee la cosa con la mera tolerancia de su dueño, sino también en estos casos en los que la tenencia del heredero no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusivo o se manifiesta ineficaz frente al derecho más cualificado que presente la comunidad hereditaria.

Este criterio jurisprudencial mayoritario (que no es el único, otros tribunales niegan que el coheredero carezca de título para poseer) se sustenta en la idea de que el heredero, antes de la partición y adjudicación de la herencia, no es propietario de ningún bien en concreto sino tan sólo de una cuota abstracta sobre el haber integrado por todos los bienes de la herencia. Así, el derecho del heredero es de una cuota sobre el todo y no sobre cada bien, y no se puede justificar frente a los demás la posesión exclusiva del bien, careciendo de derecho para ello y debiendo calificarse esa posesión como precario e ilegítima. De este modo, la comunidad hereditaria podrá demandar al heredero por poseer en precario (sin título) si se mantiene contra la voluntad de la comunidad hereditaria en la posesión exclusiva de algún bien integrante de la herencia y se podrá decretar por un juez en sentencia firme la salida del heredero de la vivienda.

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Es una situación que se repite con relativa frecuencia en comunidades de bienes o de propietarios: parejas de hecho que se rompen, comunidades de herederos, etc. Así un copropietario que usa en exclusiva la vivienda de varios copropietarios, es un uso no consentido de la finca desde que alguno de los condueños o copropietarios reclama el uso para sí, mientras tanto se ha de considerar que hay un consentimiento tácito para el uso en exclusiva. Es decir, una vez el resto de copropietarios presentan fehacientemente su disconformidad, provocará un enriquecimiento injusto de la parte poseedora en detrimento de la comunidad a la que deberá rendir cuentas en algún momento.

Partimos de la base de que el Código Civil, artículo 394, permite el uso de la cosa común a cada uno de los condueños, siempre que disponga de ella conforme a su destino, de manera que no perjudique el interés de la comunidad y de manera que no impida a los copartícipes utilizarla según su derecho; evidentemente, si hay un uso exclusivo, se está impidiendo el uso de los copropietarios, y por lo tanto, como compensación se ha de abonar una renta o alquiler al resto de copropietarios excluidos del uso.

Los casos en los que se comparte un terreno, una vivienda, etc., presentan en numerables ocasiones una fuente de conflictos y discordias entre copropietarios (normalmente parejas y herederos). El uso indiscriminado y promiscuo de los condueños, que normalmente están enemistados, provoca muchos enfrentamientos y la norma jurídica nunca puede propiciar o fomentar estás situaciones. Por lo tanto, la aplicación correcta del citado artículo no permitirá usar el bien compartido indiscriminadamente y sin fijación de pautas que permitan al resto de copropietarios el uso de la cosa común.

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El deber de prestar alimentos a los hijos menores (proporcionar la pensión de alimentos en caso del progenitor no custodio), es un pilar y deber fundamental de la patria potestad que ejercen los progenitores sobre sus hijos.

Ahora bien, dicho deber de alimentos subsistirá hasta que el hijo/a alcance la posibilidad de proveer por sí mismo a sus necesidades, entendido como una posibilidad real y concreta en relación con las circunstancias concurrentes al caso concreto, no como una mera capacidad subjetiva de ejercer una profesión u oficio.

Así, el progenitor no está obligado a sufragar la indolencia; y si el hijo/a alcanza la mayoría de edad, se mantiene sin fruto, en un nivel de estudios correspondiente a la minoría de edad, sin muestras de debida aplicación o dedicación ni a los estudios ni a la búsqueda de una ocupación laboral: se debe extinguir la obligación del progenitor o progenitores de proporcionarle la debida pensión de alimentos. Lo contrario sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida y fomentar el parasitismo social.

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Hay determinadas situaciones o etapas de la vida en las que se hace imprescindible el auxilio de un abogado, aunque la mayoría de ciudadanos no quiere tener el más mínimo trato con estos profesionales.

Dejando a un lado el monopolio de los abogados para defender a los ciudadanos en la práctica totalidad de juicios, estas situaciones extrajudiciales serían:

Cada vez que tenga que acudir a un Notario. El Notario da fehaciencia de los hechos tal y como ha ocurrido, cuida de la legalidad, pero no actúa en interés de las partes, como se ha demostrado en la concesión de hipotecas de la primera década de este siglo. Es muy habitual entre los ciudadanos no leer el acta notarial y fiarse de lo que le diga el Notario o la otra parte (bancos en gran mayoría), ante la parafernalia desplegada en estos rituales jurídicos.

A la hora de casarse y otorgar capitulaciones matrimoniales, también ante Notario. Si existen en España divorcios cada hora en los que será necesario la asistencia de un abogado, por qué no prevenir futuros conflictos desde el principio de la aventura matrimonial o de pareja (la sociedad actual evoluciona y las parejas de hecho presentan problemas similares a los matrimonios).

A la hora de redactar y firmar cualquier tipo de contrato, ya sea contrato de alquiler de vivienda, negocio, laboral, compraventa, etc. Más vale saber lo que se firma y no dejarse llevar por la euforia del momento, que no debe impedirnos un trato reflexionado y prudente con los asuntos jurídicos para negociar en igualdad de condiciones.

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