Archivo de noviembre, 2010


Nuestro servicio telefónico y online es inmediato, siempre le atenderán los mismos abogados.

Como abogacía preventiva es una ventaja, con una breve consulta podrás conocer tus derechos y actuar con un asesoramiento profesional previo, sin necesidad de desplazamientos.

Nuestros abogados colegiados y con experiencia son de confianza, siempre están disponibles para nuestros clientes online. Cualquier duda o aclaración tendrá un trato prioritario e inmediato, sin esperas, directamente con tu abogado.

Preocupado, un inquilino teme por su vivienda alquilada porque al propietario (casero) el banco le ha embargado la vivienda. Nuestra respuesta en contundente, el contrato de arrendamiento tendrá que respetarse. Ante compraventas, subastas y embargos del piso alquilado, el inquilino tiene sus derechos protegidos.

Sólo llevaba casada 6 meses, sin hijos, y un abogado quiere cobrarnos una barbaridad por el divorcio. Ante estos divorcios sencillos ofrecemos un precio muy competitivo, sin descuidar ningún detalle y con escrupulosa profesionalidad.

Nuestra extensa red de abogados, que abarca toda España, está compuesta por profesionales con dilatada experiencia y reconocido prestigio.

Nuestra experiencia y la eficacia de este servicio, reduce significativamente los costes para el cliente, ¡qué ventaja en tiempos de crisis!

En los tiempos que corren es imprescindible que los ciudadanos cuenten con una opinión experta y profesional. Estamos viviendo una transformación social que exige un ciudadano informado de sus derechos y obligaciones.

 

El administrador de fincas es un administrador profesional encargado de la llevanza de la gestión de la comunidad, que deberá tener la cualificación profesional suficiente (administrador de fincas colegiado). También podrá recaer en personas jurídicas o corporaciones.

Tiene la obligación de gestionar los bienes inmuebles con criterios profesionales, gestiona y actualiza las rentas, sus cobros y pagos. Hace las liquidaciones correspondientes y el seguimiento de impagados y morosos.

A su vez, debe ser un mediador:

- entre los propietarios y los inquilinos, entre los propietarios y las Administraciones Públicas; y entre los mismos propietarios.

También debe ocuparse de gestionar el mantenimiento de la propiedad inmobiliaria  y asesorar a la comunidad en el cumplimiento de la normativa legal, cuidando del buen funcionamiento de la comunidad y dando cumplimiento a los acuerdos de las juntas.

En el próximo post hablaremos del cumplimiento de las funciones del administrador, cuestión bastante controvertida y que suscita muchos problemas en el día a día de las comunidades de vecinos.

Para cualquier aclaración puede llamar a nuestro teléfono de consultas jurídicas 807 464 850

La jura de cuentas, con su nombre decimonónico y su dilatada existencia, es un procedimiento judicial especial en el que abogados y procuradores podrán reclamar a su cliente los honorarios devengados en un procedimiento judicial principal en el que le representaban y actuaban en su defensa.

Este procedimiento se seguirá ante el mismo juzgado que conoció el asunto principal y una vez haya recaído sentencia o bien se ponga fin al procedimiento por cualquier otra causa. El juzgado emplazará al cliente en diez días para que proceda al pago o impugne los honorarios por excesivos o indebidos.

Este procedimiento gira en torno a los honorarios de abogados, unas veces arbitrarios y excesivos, otras veces incomprendidos.

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Para terminar con todo lo escrito en el blog esta semana, sobre esta forma tan especial del disfrute de un bien inmuble y muy de moda en nuestra sociedad hasta hace muy poco tiempo, vamos a aclarar algún punto sobre las obligaciones y facultades del titular de este derecho.

Este puede disponer de su derecho sin más limitaciones que las que resultan de las leyes. Tiene derecho a la utilización plena de todos los servicios y puede reclamar del propietario la efectiva prestación de los servicios y las indemnizaciones que le correspondan.

El titular tiene que satisfacer la cutoa que se hubiera fijado en el contrato. En caso de incumplimiento, si una vez requerido por el propietario, no atiende al pago de las cuotas debidas por razón de los servicios prestados durante al menos un año, el propietario puede resolver el contrato.

Además puede constituirse una comunidad de propietarios, siempre que esté previsto en la escritura reguladora del régimen.

Por lo que si disponéis de un aprovechamiento por turnos, disfrutad como se merece; y en caso contrario, ya sabéis algo más sobre la materia. Por lo que no dudéis nunca en consultar a nuestro servicio jurídico en caso de compra de este tipo de derechos (no propiedades), debido a que la compra se suele realizar en “caliente” con los consabidos problemas que tiene no meditar este tipo de adquisiciones/inversiones.

Ayer empezamos la casa por el tejado, pero lo hicimos debido a que al final el cliente sólo se pone en contacto con nosotros para intentar resolver el contrato de la manera que sea, pero muchas veces no tienen claro en qué consiste la mal llamada “multipropiedad”.

El aprovechamiento por turnos, es un derecho real limitativo del dominio que atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de utilización independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el que estuviera integrado, y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, y el derecho de prestación de los servicios complementarios. La facultad de disfrute no comprende las alteraciones del alojamiento ni de su mobiliario.

La regulación de esta figuar se contiene en la L 42/1998 y vamos a destacar los rasgos principales:

. Establece el deber de información del vendedor.

. Fija unas condiciones contractuales mínimas obligatorias: incorporación de la información al contrato, formalización escrita del contrato, etc.

. Reconoce el derecho de desistimiento unilateral del comprador.

. Establece la imperatividad de la Ley y la prohibición de renuncia de derechos.

. Prevé la prohibición de pagos anticipados.

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Hay que distinguir entre el derecho al desistimiento unilateral, que no requiere motivo o razón alguna para su ejercicio y la facultad de resolución contractual.

En cuanto al desistimiento unilateral, el adquirente de derechos de aprovechamiento por turno tiene un plazo de 10 días, contados desde la firma del contrato, para desitir del mismo a su libre arbitrio. Ejercitando el desistimiento, el adquirente no debe abonar indemnización o gasto alguno.

En cuanto a la facultad de resolución contractual, hay que saber que si el transmitente no incluye la información exigida por la Ley, ya sea la del documento informativo, la del contrato o haya incumplido alguno de los extremos previstos en la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, puede resolverlo en el plazo de 3 meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de gasto alguno.

Además destacar que la falta de veracidad en la información suministrada permite al adquirente ejercitar la acción de nulidad prevista en el Código Civil, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir el transmitente.

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Cuando finaliza el contrato eventual por circunstancias de la producción el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización correspondiente a ocho días de salario por año para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011 (o la que establezca el convenio de aplicación).

Tras la reforma laboral efectuada, a partir del 1 de enero de 2012 la indemnización será de 9 días, a partir del 1 de enero de 2013 será de 10 días, a partir del 1 de enero de 2014 será de 11 días y a partir del 1 de enero de 2015 será de 12 dias.

Pero si se produce la transformación del contrato temporal en indefinido, al continuar la relación laboral y no quedar interrumpida, esta transformación del contrato no genera ningún tipo de indemnización a favor del trabajador, por lo que la empresa no tendrá que abonarlo.

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La protección de los intereses de los menores exige que en las medidas que se adopten con relación a ellos deba buscarse su beneficio y que, por tanto puedan modificarse cuando las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejen. Esta premisa implica que el régimen de visitas no se entienda como un derecho absoluto de los padres hacia los menores, sino más bien relativo debido a que su ejercicio está subordinado al interés de los hijos.

Tampoco se trata sólo de un derecho, sino que es un derecho-deber, lo que implica que el derecho a visitar está íntimamente ligado al deber de visitar y, por consiguiente al adecuado ejercicio de este deber.

El régimen de visitas podrá modificarse cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de fijarlo. También indicar que el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador podrá dar lugar a la modificación del régimen de guarda y visitas.

El artículo 94 del CC, al tiempo que reconoce el derecho del progenitor a visitar a sus hijos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, establece la posibilidad de que ese derecho se vea limitado o suspendido ” si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial“.

La doctrina jurisprudencial acoge la suspensión del derecho de visita sólo en aquellos casos en que ha quedado acreditada la existencia de un posible perjuicio, físico o psíquico, para el menor, denegando tal medida en el resto de los supuestos.

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Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a una empresa por acoso laboral a un trabajador de 61 años que no quería prejubilarse. Ante una situación de acoso en la que es complicado actuar y saber cómo defenderse, esta sentencia arroja un poco de luz (STSJ Madrid 331/2010)

Aprovechando las nuevas tecnologías, y me imagino que muy bien asesorado, el trabajador grabó con su móvil las actitudes culpables del gerente (no tienen desperdicio) y presentó una demanda (previa papeleta de conciliación) para rescindir voluntariamente el contrato de trabajo dado el comportamiento empresarial “destructor y malintencionado” que afectaba directamente a la dignidad de la persona e integridad moral del trabajador e incumplía el deber empresarial de respeto en la libre determinación de sus trabajadores para el ejercicio legítimo de sus derechos.

Lo increíble es que el Juzgado de lo Social rechazó en primera instancia la demanda del trabajador, aún dando por hechos probados el contenido de las grabaciones, una causa  procesal complicada en numerosas ocasiones. Se consideró, por lo tanto, la ausencia de manipulaciones y la autenticidad de las grabaciones como prueba.

Las grabaciones son demoledoras y la actitud del gerente tiene como objetivo o consecuencia atentar contra el trabajador y crear un entorno hostil a raíz de su rechazo a acceder a la jubilación parcial. Fue, a su vez, un comportamiento reiterado con la finalidad obvia de destruir su voluntad, perturbar el ejercicio de sus labores, minar su reputación y autoestima, y encaminada a que se acabe abandonando el lugar de trabajo de la manera que al empresario interesa: jubilación parcial, baja médica y amenaza de regulación de empleo.

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