Archivo de octubre, 2010


Según la Ley procesal civil, será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento.

Esta rebeldía podrá ser involuntaria en casos de fuerza mayor, cambios de domicilio previos a la citación, etc. En estos casos debidamente justificados se permite al inicialmente rebelde recuperar las oportunidades perdidas, restitución de plazos, audiencia al rebelde, etc., respetando su derecho a una tutela judicial efectiva.

La situación comprometida surge cuando un ciudadano conoce la existencia de un proceso civil en el que está demandado, y aún así, permanece voluntariamente en la situación de rebeldía. Por supuesto, esta situación impedirá solicitar la restitución de plazos o la audiencia al rebelde, éstos serán efectos procesales de la rebeldía. Pero debemos destacar que no producirá efectos materiales sobre el fondo del asunto, la rebeldía no se puede considerar como allanamiento o admisión de los hechos de la demanda. Es decir, el juicio sigue sus trámites y el actor deberá probar igualmente la veracidad de los hechos alegados en la demanda, aunque la rebeldía voluntaria sea en algunos casos argumento para que el tribunal se forme un “juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión”. Destacable, como siempre, que existirán excepciones a la regla general impuestas por la Ley, quizás como castigo dada la urgencia y la ausencia de justificación racional a la incomparecencia, como en los juicios de desahucio por falta de pago en arrendamientos urbanos, juicio monitorio, cambiario, juicios sumarios para recobrar la posesión, y alguno más (pero son pocos), donde la situación de rebeldía provocará la estimación del tribunal de las pretensiones del actor o demandante.

En otros ordenamientos jurídicos como en el  Derecho inglés, cuando a una persona se le declara en rebeldía, se dictará una sentencia by default, en la que a la parte actora se le dará la razón en todas sus pretensiones y hará que el juzgador se ahorre parte del trabajo. Este tipo de sentencia podrá quedar sin efecto una vez se justifique debidamente la rebeldía involuntaria del demandado.

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Aunque parezca extraño, el puesto directivo también puede estar sometido a la superación de un periodo de prueba. La empresa puede pactar un periodo de prueba con el directivo, aunque en ocasiones, los propios trabajadores de este nivel sean muy reacios a aceptar este tipo de cláusula.

En el caso de directivos, el periodo de prueba puede legalmente tener una duración de hasta nueve meses, que computa a efectos de antigüedad en la empresa. ( Art 5 del RD 1382/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección).

Si el nuevo directivo accede a su puesto por promoción interna desde un puesto de inferior categoría, aunque el trabajador ya lleve tiempo en la empresa se puede fijar un periodo de prueba, debido a que se trata de un nuevo puesto de trabajo con nuevas funciones y responsabilidades distintas a las que venía desempeñando.

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Casi todos los convenios colectivos contemplan la posibilidad de pactar un periodo de prueba. No obstante es necesario que la empresa pacte dicho periodo de prueba de manera expresa y por escrito con el trabajador para que tenga validez. Así, aunque en el convenio colectivo se establezca dicho periodo de prueba y su duración para cada una de las categorías esto no obliga a los trabajadores ni a las empresas si no se ha hecho constar de forma expresa en el contrato de trabajo.

Ejemplo de cláusula a incluir en el contrato de trabajo:

“En el  presente contrato  se establece un periodo de prueba (fijar la duración exacta) durante el cual el trabajador debe realizar las tareas de (…). El periodo de prueba se interrumpirá en los casos de suspensión del contrato por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, por el tiempo que ésta dure“.

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La ruptura de una pareja de hecho provoca similares problemas que los derivados de una ruptura matrimonial y, en consecuencia, habrá que liquidar el patrimonio generado durante la convivencia. Si no existen pactos expresos entre los convivientes, el comportamiento de los convivientes aporta elementos suficientes que pueden evidenciar la inequívoca voluntad de los convivientes de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos vigente la unión de hecho.

Pues bien, en Badajoz, tras nueve años de convivencia y ante una ausencia de pacto expreso sobre el perro, un animal abandonado que el hombre recogió de la calle en 2001, el caso en cuestión tuvo que ir a los Tribunales. El juez resuelve en una curiosa sentencia que la mujer también era dueña del animal puesto que hubo, vigente la pareja, una voluntad de hacer común este perro, un bien patrimonial al fin y al cabo.

Ante la imposibilidad de “dividir el objeto”, y, teniendo en cuenta los sentimientos paternales que despierta un perro, el juez obliga a las partes al disfrute compartido del perro en períodos sucesivos de seis meses como solución más idónea, descartando, por esta última razón, el otorgar la guarda del perro a una de las partes (que debería indemnizar al otro la pérdida).

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El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen sus derechos y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda.

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar (art 63 de la Ley 11/86 de 20 de Marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los bienes y perjucios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.

f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios o notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

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Las obras nuevas acceden al Registro de la Propiedad una vez se haya obtenido la oportuna licencia municipal. Esta publicidad registral otorga una protección a los propietarios que confían en que la finca que van a adquirir, o ya han adquirido, es legal.

Esta realidad registral se tendrá que corresponder con la realidad física y jurídica de la finca inscrita, una cuestión que puede quedar en entredicho, ya que cuando la Administración inicia un expediente de disciplina urbanística no lo comunica al Registro para su correspondiente anotación, provocando que el futuro propietario al confiar en la publicidad registral no conozca la auténtica situación jurídica de la finca.

Los tribunales, ante un expediente urbanístico grave, pueden ordenar la restauración de la realidad física anterior a la infracción y, en consecuencia, ordenar la demolición de lo ya construido para evitar consagrar la ilegalidad urbanística. Para evitar que lo inscrito choque frontalmente con este tipo de sentencias de los tribunales es necesario solicitar del legislador las reformas necesarias que obliguen a la Administración a publicitar en el Registro los expedientes de disciplina urbanística.

Si estas reformas no se llevaran a cabo, pudiera darse el caso de la aparición en España de mecanismos alternativos para proteger la propiedad que encarecerían la adquisición de una finca, como los seguros. Una opción a todas luces innecesaria dada la suficiencia de nuestro sistema de protección registral.

Dice el artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria, que podrá pedir anotación preventiva ” el que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor“.

La anotación de embargo no priva en modo alguno al deudor embargado de enajenar o gravar el inmueble sobre el que se ha practicado la traba. Lo que ocurre es que el adquirente, por ejemplo, adquiere con la carga, pudiendo incluso llegar a perder su propiedad. Es una situación análoga a la del que adquiere un bien hipotecado.

El anotante, por el hecho de la anotación, adquiere un derecho de preferencia para el cobro, sobre el importe obtenido de la enajenación del bien o derecho embargado, frente a acreedores de fecha posterior a la anotación, pero no en relación con los que tengan créditos de fecha anterior.

La anotación preventiva de embargo de diferentes bienes expresará la cuantía del crédito y obligación de que respondan todos ellos o la especial de cada uno, caso de haberse efectuado la distribución y se practica mediante mandamiento judicial.

Para extender la anotación de embargo es imprescindible que la finca conste inscrita a nombre del deudor, por lo que si lo está a nombre de otra persona, o no se halla inmatriculada siquiera, el asiento no podrá practicarse.

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No cabe duda de que el derecho a la protección de datos es hoy uno de los más importantes en la sociedad actual, abierta y con innumerables avances tecnológicos. Nunca antes como hoy había sido posible, utilizando las tecnologías, invadir la privacidad de las personas hasta los límites a los que se está llegando. Sólo hay que pararse un momento a pensar que es posible conocer los contenidos de los correos electrónicos, de las llamadas efectuadas o recibidas mediante teléfonos móviles, etc.

Las nuevas tecnologías pueden afectar grave e intensamente a los derechos fundamentales e incluso pueden condicionar el contenido de las normas jurídicas, por lo que la sociedad corre el riesgo de verse sometida a una videovigilancia constante.

Podríamos poner miles de ejemplos, imaginables e inimaginables de la cantidad de datos personales que nos vemos obligados a ceder constantemente, de una manera casi cotidiana y por supuesto, sin ser muy conscientes de ello, por lo que no es exagerado afirmar que nuestra libertad está en juego. Por todo esto y como garantía de esta libertad puesta en tela de juicio, es imprescindible resaltar la importancia que tiene el derecho a la protección de datos de carácter personal.

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El acto de conciliación laboral se efectúa ante un funcionario, que invita a las partes a llegar a un acuerdo, en teoría concediendo las intervenciones, sugiriendo soluciones y manteniendo el orden. Se da por terminado el acto cuando el funcionario lo estime oportuno y en ese mismo instante se levanta un acta.

Eso es la teoría, pero en la práctica, lo más frecuente es que el funcionario se limite a constatar el acuerdo o desacuerdo de las partes, sin que se produzca realmente ninguna intervención activa por su parte para lograr la conciliación.

Si el acto termina con acuerdo (con aveniencia), el acta recoge los acuerdos alcanzados. Por lo que tanto el trabajador como el empresario deberán cumplir con lo acordado, debido a que el acta tiene fuerza ejecutiva, es decir, que se puede ejecutar como si fuese una sentencia.

Si en el acto de conciliación no se ha logrado el acuerdo, en el acta se hará constar la celebración sin avenencia.

Es muy importante en este tipo de actos y si al final se llega a un acuerdo, leer con detenimiento el contenido del acta antes de firmarla, porque es muy difícil impugnar posteriormente su contenido, impugnación que puede ser efectuada por las partes comparecientes y por terceros que puediesen ser perjudicados, en el plazo de 30 días hábiles a partir del siguiente al acuerdo o a partir del día en que una tercera parte lo reconozca.

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La cuantía de las pagas extraordinarias que debe abonar la empresa, suele venir fijado en los convenios colectivos.

En unas ocasiones, se establece que el importe de la extra coincide con el del salario mensual habitual aunque en otras ocasiones se establecen unas cuantías ligeramente superiores o inferiores al salario mensual. Las dos fórmulas habituales son o bien pagar un tanto alzado que se especifica en el propio convenio o bien pagar salario base más antigüedad y plus convenio. Además, en ningún caso el importe de cada extra puede ser inferior a 30 días de salario base.

Salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, o así se haya pactado expresamente con el trabajador, la extra únicamente incluye conceptos salariales, no extrasalariales. Por lo tanto, se debe excluir conceptos como el plus de transporte, dietas de viaje, complementos como el de quebrato de moneda, etc.

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