Archivo de septiembre, 2010


El empresario debe respetar el derecho a la huelga de sus empleados. Si no lo hace, su actitud puede ser constitutiva de infracción administrativa, penal, civil y laboral. Si limitara o impidiera el derecho a huelga mediante cualquier conducta, podrá ser sancionado por la Inspección de Trabajo por una infracción grave o muy grave o también puede ser considerado un delito (art. 315 CP).

Además, cuando se entorpece el derecho a huelga de los trabajadores, éstos están legitimados para acudir a los tribunales y solicitar una indemnización por daños y perjuicios para reparar la conducta sufrida por parte del empresario.

Por lo que vamos a esquematizar la conducta a tener por el empresario durante la huelga:

- No puede realizar ninguna conducta represiva o sancionadora contra los trabajadores huelguistas.

- No puede sustituir a los huelguistas por esquiroles externos, salvo en el caso de incumplimiento por parte de los trabajadores de los servicios mínimos estipulados.

- La sustitución de trabajadores huelguistas por otros de la misma empresa que no secunden la huelga, está permitida siempre que esas variaciones no pretendan dejar sin efecto la huelga.

- No puede anunciar que va a abonar una gratificación a los trabajadores que no secunden la huelga como forma de coacción para que participen en ella ni después como forma de coacción para que los trabajadores no participen en huelgas en el futuro.

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El 6 de noviembre entrará en vigor la ley que reconoce el derecho de los trabajadores autónomos a cobrar el subsidio de desempleo (Ley 32/2010).

Los trabajadores autónomos que quieran acceder a este subsidio deberán estar afiliados y en situación de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen de los Trabajadores del Mar, tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad, encontrarse en situación legal de cese de actividad, no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Además, deberán solicitar el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El período mínimo de cotización para acceder al subsidio será de cuatro años y la prestación máxima será de un años. Además, la cuantía de la prestación sera del 70 % de la base de cotización media de los últimos doce meses.

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Para que la situación de incapacidad reconocida no se prolongue indefinidamente, se establecen unos plazos en los que se entiende que existe la posibilidad de que el trabajador mejore y se restablezca.

La duración máxima de la IT es de 365 días prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación (art. 128.1 de la LGSS).

Agotado el plazo de duración de 365 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días más o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada. De igual modo, el INSS será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de 180 días posteriores al alta médica por la misma o similar patología.

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Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus padres. Como excepeción a la regla general por la que los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos, el artículo 111 CC contempla a modo de medida de protección a favor de los hijos, que el padre o la madre pueden no llegar a ser titulares de la patria potestad (por ejemplo, tutela, curatela, defensor judicial, asistencia paterna,etc) y no ostentar los derechos que por ministerio de la ley le correspondan respecto al hijo o sus descendientes (por ejemplo, derecho de alimentos), o en sus herencias, en los siguientes casos:

1.- Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme (ej.- delitos contra la libertad sexual).

2.- Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. Es el caso del padre biológico que no acepta su paternidad, no busca salir de dudas extrajudicialmente y, demandado, no se allana a la pretensión y acepta la decisión judicial tras seguir el proceso.

En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión, excepto si lo pide él mismo o su representante legal” (art 111 CC), pero sea cual fuere la causa origen de la exclusión de la patria potestad, el progenitor sancionado queda siempre obligado a velar por sus hijos y a prestarles alimentos.

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En relación con el acogimiento familiar, el menor mayor de doce años debe prestar su consentimiento para ser acogido.

En relación con la adopción, el menor mayor de doce años debe prestar su consentimiento para ser adoptado y el menor de doce años con suficiente juicio debe ser oído.

En relación con la emancipación y el beneficio de la mayor edad, el menor mayor de dieciséis años debe prestar su consentimiento para ser emancipado por quienes ejercen la patria potestad; también puede solicitar en los términos previstos legalmente la emancipación por concesión judicial y el beneficio de la mayor edad si está sometido a tutela.

En relación con el reconocimiento de la filiación no matrimonial, el menor no emancipado puede reconocer al hijo habido fuera del matrimonio con aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

En relación con el matrimonio, el menor y sus padres o guardador han de ser escuchados por el Juez en los expedientes de dispensa de edad para poder contraer matrimonio a partir de los catorce años; la dispensa de edad es necesaria para los menores no emancipados.

En relación con la nacionalidad, el menor mayor de catorce años, asistido por su representante legal, puede optar por la nacionalidad española y solicitar la adquisición de la nacionalidad española por residencia o carta de naturaleza, en los supuestos legalmente previstos.

En relación con la vecindad civil, el menor mayor de catorce años, asistido por su representante legal, puede cambiar de vecindad civil en los supuestos legalmente previstos.

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El acogimiento residencial constituye una medida de protección derivada del ejercicio de la guarda administrativa consistente en el alojamiento de un menor en un “centro, residencia o institución pública o colaboradora adecuado a sus características con la finalidad de recibir la atención, educación y formación adecuadas, correspondiendo la guarda legal de aquél al Director o responsable de dicho Centro, bajo la supervisión de la Administración autonómica y del Ministerio Fiscal.  Concretamente, se acudirá a la adopción de dicha medida, cuando no sea posible la permanencia del menor en una familia.

En tal caso, procederá su acogida en un Centro de protección con carácter provisional y por el período más breve posible. En el Centro se le dispenserá un trato afectivo, así como la atención y educación necesarias.

El Código Civil apenas regula el ejercicio de la guarda por medio del acogimiento residencial, al que se refiere únicamente para atribuir dicha responsabilidad al Director del Centro en que ingrese el menor (art. 172.3 CC). Es, una vez más, la legislación autonómica la que contempla más detalladamente esta medida de protección.

Por último destacar el carácter subsidiario de esta medida respecto de las restantes medidas de protección. Por ello, sólo en tanto el acogimiento familiar no sea posible o adecuado al interés del menor se recurrirá al acogimiento residencial.

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De acuerdo con el artículo 155 CC:

Los hijos deben:

Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre.

2º Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.

Estos deberes de los niños (deber de obediencia y deber de respeto) tienen un claro contenido moral, además que sólo puede operar en la medida en que los mandatos de los padres sean lícitos. Pero, ¿qué ocurre si el menor no obedece?, en estos casos, los padres tienen la facultad de corregir razonable y moderadamente, para lo que cuentan con el auxilio de la autoridad (art. 154 CC).

En relación al deber de contribuir a las cargas familiares, el artículo 165 CC establece que los padres pueden destinar a tal fin determinados frutos de los bienes de los hijos, siempre que vivan con ambos o con uno sólo de ellos, no estando obligados a rendir cuentas de los consumidos en atención a tales necesidades.

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Ante la creencia de la condición de festivos de estos ansiados puentes, vamos a aclarar la realidad de los mismos.

Los puentes no son días festivos, sino días de trabajo que los trabajadores pueden tomar libres enlazándolos a otros días de fiesta o al descanso semanal. Los puentes pueden venir impuestos por la negociación colectiva, pero también el empresario puede decidir unilateralmente concedérselos a los trabajadores o bien pactarlos con ellos.

Si no se pacta lo contrario, estos puentes son recuperables; es decir, que si el trabajador coge ese día libre, después debe recuperar ese tiempo de trabajo en otras jornadas.

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Ante el fallecimiento de una persona surge la duda entre los coherederos de cuándo deben iniciar los trámites para evaluar, dividir y repartir la herencia. A grandes rasgos y dejando aparte cuestiones fiscales habría que tener en cuenta los siguientes aspectos.

El artículo 1965 del Código Civil establece que no prescribe la acción para pedir la partición de la herencia, por lo tanto, la comunidad hereditaria no tiene impuesto por Ley un plazo para solicitarla, pudiendo permanecer en esa situación durante años.

Pero esta situación es muy inestable y, así, el artículo 1051 Cc establece que ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, y, al igual que sucede en la comunidad de bienes (400 Cc) ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad y podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.

En el mismo sentido, a pesar del derecho imprescriptible de los coherederos a pedir la partición, ésta puede estar temporalmente excluida: si lo prohibiera el testador en testamento, aunque no podrá afectar a la parte legítima (813Cc) y a los supuestos de extinción de la sociedad (1700 Cc y ss); si existiera un convenio de los coherederos para conservar la herencia indivisa que no puede exceder de 10 años, plazo que podrá prorrogarse por nuevo convenio; y cuando existe incertidumbre acerca de quiénes son los herederos o cuáles son las cuotas hereditarias, por ejemplo, cuando un heredero haya sido instituido bajo condición suspensiva (1054 Cc).

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El nombre y apellidos son, en principio, inmutables y no pueden modificarse, ya que si no fuera así se dificultaría enormemente la identificación de la persona. Sin embargo, este principio general de inmutabilidad del nombre y apellidos presenta excepciones recogidas en la legislación registral. Los cambios pueden obedecer a alteraciones en los apellidos de los progenitores, al cambio en el estado de filiación, a la voluntad declarada del interesado sola o con la preceptiva autorización administrativa según proceda.

Las modificaciones que se produzcan por alteraciones en los apellidos de los progenitores o al cambio en el estado de filiación encuentran su fundamento en el principio general que informa la materia, la filiación atribuye los apellidos.

Por otro lado, desde el momento en que se produce un cambio en la filiación de un individuo, bien por determinarse su filiación desconocida o distinta de la que constaba o bien como consecuencia de la adopción, tiene lugar de forma automática el cambio en los apellidos del interesado.

Pueden darse también cambios en los apellidos por la simple declaración de voluntad del interesado, estos supuestos son: la inversión en el orden de los apellidos;  la acomodación de los apellidos de los mayores de edad al cambio producido en los apellidos de sus ascendientes; la anteposición de la partícula “de” a los apellidos que sean un nombre propio; la regularización ortográfica de los apellidos que no se adecuen a la lengua española correspondiente prevista en el artículo 55 LRC.

Por último destacar, que la declaración ha de efectuarse ante el Encargado del RC y sólo producirá efectos una vez se haya inscrito el cambio.

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